Gravar o no impuestos a los ciudadanos con mayor riqueza - Facultad de Ciencias Empresariales

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Gravar o no impuestos a los ciudadanos con mayor riqueza

Dr. Ciro Bazán Navarro

Los impuestos constituyen uno de los mecanismos que tiene el Estado para financiar la provisión de servicios públicos tales como la seguridad social, la defensa, el agua y alcantarillado, la energía eléctrica y el gas natural, la infraestructura de transporte de uso público, la educación, la salud, las telecomunicaciones, entre otros, que mejoren la calidad de vida, reduzcan la desigualdad de la riqueza entre los pobladores e incrementen el bienestar social. Pero, conforme la población y la demanda de servicios públicos crecen, se hace imperante que nuestros gobernantes evalúen:

i) la manera más adecuada de obtener el financiamiento para el suministro de dichos servicios, ii) si la recaudación tributaria[1] debe realizarse a través de impuestos al consumo que afectan en mayor medida a los más pobres (la gran mayoría) y mediante el impuesto a la renta (los ingresos) tal como se viene haciendo a la fecha, o, como actualmente se viene debatiendo, iii) si la recaudación tributaria debe efectuarse mediante el restablecimiento de algún tipo de impuesto a la riqueza al sistema tributario peruano (afectando a un grupo muy reducido de ciudadanos pero que concentran elevadas cuotas de riqueza)[2].

En el presente artículo, que no pretende dar respuesta a los dos primeros ítems previamente señalados, se esbozan algunos argumentos tanto a favor como en contra de la posible restitución del impuesto a la riqueza en el sistema tributario peruano. Es decir, se proporcionan argumentos sobre si sería conveniente o no gravar impuestos a los ciudadanos peruanos con mayor riqueza. En ese sentido, primero se definen sucintamente los dos principales tipos de impuestos que en la actualidad grava el Estado peruano a los ciudadanos y lo que caracterizaría a un impuesto a la riqueza. A continuación, se describe muy brevemente cómo en el contexto de la pandemia del Covid-19 resurge en América Latina, en Sudamérica y en particular en el Perú la idea de aplicar un impuesto a la riqueza. Finalmente, bajo tres premisas, se brindarán algunos argumentos en pro o en contra de la potencial aplicación de un impuesto a la riqueza en nuestro país.

Tras esta breve introducción, cabe señalar que, en el Perú los impuestos que afectan al consumo son dos: el impuesto general a las ventas (IGV) y el impuesto selectivo al consumo (ISC). El IGV es un impuesto que grava la venta de bienes muebles y la prestación de servicios en el Perú con una tasa del 19% (incluido el 2% del impuesto de promoción municipal) aplicada sobre el valor de venta del bien o servicio. Este impuesto es el que pagamos los consumidores finales cuando compramos bienes o cuando una empresa nos brinda sus servicios y se aplica sobre la cantidad acordada a pagar, siendo la cantidad total a pagar el denominado precio de venta (cantidad acordada más IGV), (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021). Por su parte, el ISC es un impuesto que grava la venta de determinados bienes (nuevos vehículos, bebidas energéticas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, gasolinas para motores, loterías y juegos de casino, entre otros) que generan externalidades negativas (efectos no deseados) para la sociedad (sobre todo en la salud y el medioambiente).

De acuerdo con la SUNAT (s.f.), el impuesto a la renta (IR) en Perú grava las rentas del capital (provenientes del alquiler o la cesión de bienes inmuebles o muebles, de acciones y otros valores mobiliarios) y las rentas del trabajo (realizado en forma dependiente e independiente). Lo pagan empresas y trabajadores que obtienen o perciben ingresos, y dicho pago se realiza por categorías (las rentas del capital constituyen las dos primeras categorías, las rentas del trabajo, que pueden adicionar las rentas de fuente extranjera, conforman la cuarta y quinta categorías, y las rentas que se producen por la participación conjunta del trabajo y de la inversión de capital constituyen la tercera categoría) dependiendo de los ingresos de la persona natural o empresa y su tarifa de aplicación es del 30% de la base gravable (SUNAT, s.f.). El impuesto a la riqueza (al patrimonio neto) es un tipo de tributo que tiene como objetivo gravar los activos netos de una persona [activos financieros (bonos, acciones, depósitos bancarios) más activos físicos (propiedades, joyas, obras de arte, yates, automóviles, entre otros) menos deudas u obligaciones]. No obstante, es importante resaltar que en la actualidad en el Perú están vigentes impuestos que gravan el patrimonio a nivel municipal (impuestos prediales y vehiculares) pero no a nivel del gobierno central (Morales y Aspinwall, 2021).

Debido a la pandemia mundial del Covid-19, que generó la pérdida de millones de vidas humanas[3], graves crisis sanitarias, millones de pérdidas de empleo[4] y una gran recesión a nivel mundial[5], en muchos países de América Latina ha renacido la idea de imponer, al menos temporalmente, un impuesto a la riqueza que permita incrementar la recaudación de los gobiernos para hacer frente a sus necesidades fiscales. En Sudamérica, a la fecha, Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay tienen vigente en sus sistemas tributarios un impuesto a la riqueza neta. En Perú, en la actualidad existen cuatro propuestas legislativas que buscan implantar nuevamente un impuesto a la riqueza en nuestro sistema tributario: i) impuesto solidario a las grandes fortunas (Proyecto de Ley 4887/2020-CR), ii) impuesto a las ganancias (Proyecto de Ley 5081/2020-CR), iii) impuesto a las grandes fortunas (Proyecto de Ley 5163/2020-CR) e iv) impuesto de solidaridad sobre la fortuna (Proyecto de Ley 6615/2020-CR)[6]. No obstante, como indican Morales y Aspinwall (2021), cabe resaltar que este tipo de impuesto ya ha formado parte de nuestro sistema tributario hasta principios de la década de los años 90 del siglo pasado. Además, tal como señala Jorrat (2021), el Perú tuvo un impuesto sobre el patrimonio de las personas naturales, desde 1987 hasta 1992, que recaudaba alrededor del 0,2% del PBI.

Ahora bien, bajo las siguientes tres premisas: i) los niveles de recaudación tributaria mediante el IR y el IGV se vieron afectados negativamente por la pandemia del Covid-19[7] y no han sido suficientes para atender las necesidades fiscales del gobierno central frente a la crisis sanitaria generada por dicha pandemia, ii) la recaudación de impuestos vía consumo (mediante el IGV) afecta en mayor medida a los pobladores más pobres que son los que emplean un mayor porcentaje sus ingresos para solventar su gasto diario y iii) las brechas de desigualdad existentes en Perú se acentuaron por la pandemia del Covid-19 (Banco Mundial, 2020), ¿qué argumentos, a favor y en contra, surgen ante la posibilidad de gravar impuestos a la riqueza en nuestro país?

A la luz de la experiencia internacional y de la experiencia peruana previa, a modo de resumen, a continuación, se muestran algunos argumentos favorables y contrarios a la posibilidad de la aplicación de un impuesto a la riqueza en el Perú.

Argumentos a favor:

  • Podría conseguir una mayor equidad en la carga tributaria. Por ejemplo, dos personas que perciben la misa renta durante un año, en principio, deberían pagar el mismo monto por concepto de impuesto a la renta, pero si una de ellas posee un patrimonio preexistente que la otra no, entonces, un trato equitativo sería que la dueña de dicho patrimonio (por tener una mayor capacidad económica) pagase un impuesto a la riqueza mientras que la otra no, Martínez (2011).
  • Es un medio útil para generar la redistribución equitativa de la riqueza, de manera que los impuestos recaudados a partir de los más ricos se utilicen para subvencionar a los sectores más pobres de la sociedad. No obstante, los ingresos fiscales provenientes del impuesto sobre la riqueza representan un porcentaje muy bajo de ingresos fiscales totales. De acuerdo a Jorrat (2021), en 2018, la recaudación por impuesto a la riqueza neta en porcentaje del PBI representaba 0.05% en Colombia, 0.04% en Uruguay y 0.1% en Argentina (en promedio, alrededor del 0.063% del PBI). Según OECD (2018), en 2016, en países miembros de la OCDE, los porcentajes eran de 0.22% en Francia, 0.18% en España, 0.43% en Noruega y 1.03% en Suiza (en promedio, alrededor del 0.465% del PBI). Por tanto, este tipo de impuesto no genera grandes beneficios para el Estado.
  • Los gastos extraordinarios de la crisis sanitaria y la recesión mundial generada por el Covid-19 justifica la recaudación tributaria mediante un impuesto a la riqueza. Dicho impuesto permitiría al Estado obtener recursos complementarios a los obtenidos vía IGV y mediante el impuesto a la renta. Este tipo de impuestos resulta muy atractivo políticamente hablando ya que promete imponer impuestos únicamente a los ciudadanos más ricos que pueden permitirse una mayor carga impositiva.
  • La experiencia extranjera muestra evidencias de que el crecimiento económico puede suscitarse en países con elevados PBI per cápita (indicador de nivel de vida de la población) en los que se pagan impuestos a la riqueza como: Bélgica (se gravan instrumentos financieros de gran valor), Países Bajos (impuesto al rendimiento neto de los ahorros y las inversiones), Italia (se cargan las propiedades e inversiones en el extranjero) o España (impuesto general a la riqueza)[8].
  • Podrían generar incentivos en los contribuyentes a un uso más eficiente de sus activos para aumentar su rentabilidad financiero-fiscal (Benítez y Velayos, 2018).

Argumentos en contra:

  • Mayores impuestos a la riqueza imponen una mayor carga sobre las propiedades e inversiones de los más ricos, generando pérdida de bienestar sobre este grupo minoritario de ciudadanos.
  • Sin adecuadas regulaciones internacionales, se pueden presentar problemas de fuga de capitales hacia países extranjeros y de elusión y evasión de impuestos. A pesar que en 1990 eran 12 los países de la OCDE que gravaban un impuesto personal a la riqueza (Pineda et al., 2021), a finales del año 2021, solo un grupo reducido de países de la OCDE (España, Italia, Países Bajos y Bélgica) gravan impuestos, parcialmente o de forma limitada, a la riqueza o al patrimonio, Marín (2021). Esto, como señalan (Pineda et al., 2021 y Marín 2021), se ha debido fundamentalmente al alto costo de su administración, a la baja recaudación obtenida a través de este tributo y a la evasión y a la elusión de impuestos en dichos países.
  • La experiencia internacional muestra evidencias de dificultades en la valoración de los activos que posee una persona, en el control y en la fiscalización de este tipo de sistema tributario, Morales y Aspinwall (2021). Determinar la riqueza de un ciudadano rico resulta muy difícil en comparación a sus ingresos.
  • Como estipulan Benítez y Velayos (2018), se argumenta la ineficiencia del impuesto, principalmente por sus efectos negativos sobre el crecimiento económico, la inversión, el ahorro y el emprendimiento. No obstante, los análisis empíricos respecto al efecto negativo del impuesto a la riqueza sobre el ahorro, la inversión y el consumo no son concluyentes.
  • Podría ahondar la desigualdad en el país en lugar de reducirla generando inestabilidad social y una guerra de clases.
  • Afectarían la equidad del sistema tributario ya que el ahorro sería doblemente gravado: cuando se obtienen los ingresos (vía el impuesto a la renta) y posteriormente vía impuesto a la riqueza (cuando el excedente de dichos ingresos es acumulado en la riqueza de los contribuyentes), Cañete (2020).

Finalmente, tras la exposición de algunos argumentos sobre la posible aplicación de un impuesto a la riqueza en el Perú, resulta relevante que el Estado implemente adecuadas políticas de formalización laboral y empresarial que permitan ampliar la limitada base tributaria y optimizar la gestión, la administración y la asignación de los recursos por parte del Estado. Asimismo, es fundamental que se analice el conjunto de potenciales contribuyentes[9], si el monto que se estaría recaudando como porcentaje del PBI con este nuevo tributo sería suficiente para atender las grandes necesidades de nuestra sociedad en este escenario post pandemia, y a la luz de la experiencia peruana y de la experiencia internacional, de aprobar el Congreso de la República alguna de las cuatro propuestas legislativas arriba mencionadas, diseñar mecanismos que permitan alcanzar la equidad (tanto vertical como horizontal) en la redistribución de la riqueza[10], que mejoren la capacidad recaudadora y fiscalizadora de nuestro sistema tributario, y que combatan eficazmente la elusión y evasión de impuestos[11], la fuga de capitales hacia el exterior y el lobby de los grandes poderes económicos privados a favor de la derogación de los impuestos a las rentas del capital y/o a la riqueza[12].

Fuentes de investigación:

  • [1] Según Lahura y Castillo (2016) la recaudación tributaria es el monto de impuestos pagados por los contribuyentes al gobierno central neto de las devoluciones que reciben, y proviene de los siguientes impuestos: el impuesto a la renta, el IGV, el ISC, el impuesto a las importaciones y otros ingresos tributarios [el impuesto a las transacciones financieras (ITF), el impuesto a los activos netos (TAN), el régimen único simplificado (RUS), entre otros]. En ese sentido, el presente artículo no contempla en el análisis a los impuestos a las importaciones ni a otros tributos como mecanismos de recaudación tributaria del gobierno central.
  • [2] El Estado cuenta con mecanismos alternativos para financiar la provisión de servicios públicos (Por ejemplo, mediante el incremento de deuda pública). Sin embargo, en este artículo se abstrae del presente análisis a dichos mecanismos alternativos.
  • [3] De acuerdo a World Health Organization (2022), con fecha 17 de marzo de 2022, el número de fallecidos en Perú por Covid-19 es de 211 579 casos, mientras que en todo el mundo la cifra asciende a 6 056 725 casos.
  • [4] OCDE (2021) estimó en julio de 2021 que la recesión relacionada con la pandemia costó 22 millones de empleos en los países de la OCDE en 2020 y que se perdieron 114 millones de empleos en todo el mundo, en comparación con 2019.
  • [5] Conforme a Jackson et al. (2021) la pandemia Covid-19 se estima que redujo el crecimiento a una tasa anualizada alrededor del -3,2% y que el comercio mundial cayó un 5,3 %.
  • [6] Para un análisis de dichas propuestas legislativas, ver, por ejemplo: Bejarano (2021) y Morales y Aspinwall (2021).
  • [7] Según IPE (2020), entre enero y julio de 2020 la recaudación por IGV cayó en 20.6% y los ingresos por IR se redujeron en 14.6%. Asimismo, entre enero y julio de 2020, los ingresos tributarios del gobierno central cayeron en 21.2% respecto del mismo periodo del año 2019.
  • [8] Se debe señalar que según Marín (2021), Bélgica y Países Bajos han derogado parcialmente el impuesto a la riqueza en la Unión Europea.
  • [9] Gestión (2021) señala que en el Perú hay seis multimillonarios identificados por Forbes en el año 2021. Según Bejarano (2021), a mayo de 2021, el patrimonio neto conjunto de estos seis multimillonarios ascendió a U$11.2 mil millones. Alarco et al. (2019) indica que entre 2012 y 2016 el número de millonarios peruanos con un patrimonio productivo superior a US $1 millón fluctuó entre 18.496 personas adultas y 38.102 personas adultas.
  • [10] Alarco et al. (2019), encontraron que en el 2015 el 10% de la población más rica en el Perú tenía un PBI per cápita de US$ 20 141 miles al año, mientras que el 10% de los más pobres tenían un PBI per cápita de US $965 anuales.
  • [11] Díaz-Cassou et al. (2020) señalan que en 2018 la evasión en la recaudación potencial del IGV fue de 32,9% y del 48,5% en relación al IR.
  • [12] Como muestra Durand (2017), la suspensión del impuesto a las ganancias en nuestro país en el año (2015) es un claro ejemplo del poder del lobby de ciertas élites corporativas.

Categoría: Facultad de Ciencias Empresariales

Dr. Ciro Bazán Navarro

Doctor en Economía por la Universidad de Las palmas de Gran Canaria (LPPGC) – España. Docente Investigador de las Carreras de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la USIL.

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